“El dos por uno es una aberración a la democracia y si Vidal realmente considera que está mal la aplicación de ese beneficio a los militares genocidas, tendría que haber salido muchísimo antes; ni bien se conoció la resolución de la Corte debió haber dado su opinión porque ella es la responsable de Gobierno de la provincia de Buenos Aires”, afirmó Mónica Macha, senadora provincial por el FPV PJ durante la jornada sobre Jóvenes y Violencia Institucional que se realizó en el Palacio legislativo bonaerense.
Macha consideró que “tuvimos durante doce años una democracia popular y profunda que juzgó y condenó a los genocidas. Hoy tenemos una democracia degradada y en manos de sectores implicados en el golpe de Estado cívico-militar que vuelven a dejar a los genocidas sueltos”, destacó la legisladora. El 8 de mayo se conmemora el Día Nacional de lucha contra la Violencia Institucional en conmemoración por la masacre de Budge, ocurrida hace 30 años cuando efectivos de la bonaerense acribillaron a balazos a Agustín Olivera, Oscar Aredes y Roberto Argañaraz.
En esta jornada, Macha reclamó al Ejecutivo bonaerense la reglamentación y puesta en marcha de Ley 14.687 de Fiscalías Especializadas contra la Violencia Institucional aprobada en 2014. En esta oportunidad, Macha volvió a presentar en el Senado el proyecto que permite el acceso gratuito a la justicia a las víctimas de violencia institucional. Este proyecto obtuvo media sanción en 2015 por unanimidad de todos los bloques pero con la llegada de Cambiemos quedó frenado en Diputados y perdió estado parlamentario. La iniciativa permite que las víctimas de violencia institucional puedan recurrir a defensores oficiales que los asesoren y representen.
“Con el gobierno de Macri y Vidal hay más violencia policial, más violencia estatal, más violencia contra los pibes en los barrios y represión a la protesta social. Hoy la provincia sigue sin implementar la ley de Fiscalías contra la Violencia Institucional que es una herramienta concreta y significativa para luchar contra la impunidad y reducir la violencia hacia los pibes y pibas en los barrios”, sostuvo la senadora Macha.
Durante el encuentro, Sofía Caravelos y Analía Carrillo del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), Manuel Tufró del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Juan Tapia y Gabriel Bombini de la Asociación de Pensamiento Penal (APP) y de la Cátedra de Criminología de la UNMDP y Angela Oyhandy del Observatorio de Políticas de Seguridad de la UNLP, coincidieron en advertir sobre la continuidad de prácticas de violencia policial a los jóvenes como el hostigamiento. De acuerdo a las exposiciones, estas prácticas van desde la averiguación de identidad, requisas, golpes, insultos, “verdugueo”, traslados en móviles policiales de los que no quedan registros, hasta armado de causas, allanamientos reiterados o “suicidios” en comisarías.
Estas prácticas afectan especialmente a jóvenes varones, aunque también a mujeres e integrantes del colectivo LGBT. Además se comprobó que el 30% de los varones jóvenes ha sido detenido en alguna oportunidad (por averiguación de identidad o resistencia a la autoridad) y dentro de los sectores populares esa cifra asciende al 70% de los casos, llegando a consignar hasta tres detenciones por persona. También se advirtió que aumentó sensiblemente el número de detenciones bajo la acusación de “atentado y resistencia a la autoridad” que para los especialistas esconde prácticas de hostigamiento (peritos médicos constataron que son los detenidos quienes presentan signos de haber sufrido violencia física).
También, indicaron que en la capital bonaerense se duplicaron las muertes de jóvenes por supuestos casos de “defensa propia” en que efectivos policiales de franco (en estado policial) los asesinaron.
