El proyecto busca poner un límite a una práctica extendida en el mercado inmobiliario: que quienes alquilan una vivienda deban afrontar el pago de comisiones, honorarios y otros gastos derivados de una intermediación que no contrataron. La propuesta incorpora modificaciones a la Ley 10.973 y establece que los corredores y martilleros no podrán requerir ni percibir de las personas inquilinas comisiones, honorarios, gastos de administración, gestoría o cualquier otro concepto derivado de la intermediación o corretaje inmobiliario cuando se trate de alquileres de vivienda para personas humanas.
“Las personas inquilinas son la parte más débil del contrato y, sin embargo, terminan pagando honorarios por un servicio que no contrataron y que, en realidad, contrató la parte propietaria”, sostiene Macha en los fundamentos del proyecto.
La iniciativa establece además que los honorarios correspondientes a los alquileres de inmuebles con destino habitacional serán afrontados exclusivamente por la parte locadora y obliga a las inmobiliarias a exhibir de manera visible, tanto en sus locales como en sus páginas web, información sobre quién debe asumir estos honorarios.
La propuesta se presenta en un contexto de fuerte deterioro de las condiciones de acceso y permanencia en la vivienda en alquiler. Según un relevamiento realizado por Inquilinos Agrupados durante junio de 2026, el 29,7% de los hogares inquilinos se encuentra en emergencia habitacional, acumulando al mismo tiempo sobrecarga del alquiler, deuda, mora y/o mudanzas forzosas. Es decir, casi 1 de cada 3 hogares inquilinos atraviesa esta situación.
El endeudamiento es otro de los principales problemas. El 73% de los hogares inquilinos tiene deudas y, entre ellos, el 55% se endeudó para comprar comida, mientras que otro 37% lo hizo para pagar el alquiler. A su vez, el 55% de los hogares inquilinos está atrasado en el pago de sus deudas, lo que representa el 38% del total de los hogares inquilinos. En el caso de quienes se endeudaron para pagar expensas, el nivel de atraso alcanza al 80%. El endeudamiento es mayor en las provincias: llega al 80,5% en el resto del país y al 78,5% en la Provincia de Buenos Aires, frente al 64,1% registrado en CABA.
A esto se suma que el 20% de los hogares inquilinos —1 de cada 5— sufrió un desalojo económico durante los últimos tres meses. Al mismo tiempo, el 78% tiene contratos que se actualizan cada tres o cuatro meses y el 71% tiene contratos de dos años.
“Es fundamental aliviar los gastos de los hogares inquilinos. Sobre todo los gastos de ingreso a la vivienda porque son el motivo que empuja a pedir créditos o préstamos que luego se hacen imposibles de pagar, y terminan impidiendo sostener el alquiler. En este contexto de endeudamiento es fundamental trabajar sobre las causas que atacan los ingresos”, sostuvo Gervasio Muñoz, integrante de Inquilinos Agrupados, en respaldo a la iniciativa.
En este sentido, el proyecto apunta específicamente a reducir uno de los costos que deben afrontar las familias al momento de acceder a una vivienda. Para Macha, “lo que buscamos es reparar una práctica del mercado inmobiliario que genera una marcada inequidad con quienes no cuentan con una vivienda propia”.
A su vez, Gervasio Muñoz expuso el esquema actual de intermediación inmobiliaria: “Hoy el mercado está regulado pero todo a favor del mercado inmobiliario. Necesitamos equilibrar un poco la cancha. Es profundamente injusto que los inquilinos nos hagamos cargo de honorarios y comisiones de inmobiliarias que trabajan y defienden un sólo interés: el de los dueños”.
La propuesta busca, de esta manera, avanzar hacia un mercado de alquileres más justo y equilibrado, estableciendo reglas claras para las operaciones inmobiliarias y reduciendo los costos que recaen sobre quienes necesitan acceder a una vivienda.
“Alquilar una vivienda no puede convertirse en una carrera de obstáculos. Esta iniciativa busca que quienes necesitan un lugar donde vivir no tengan que asumir además el costo de una intermediación que no solicitaron”, afirmó Macha.
