A Milagro la juzgó primero un Poder Judicial perteneciente al sistema feudal de Jujuy, con jueces que días antes habían sido diputados de Gerardo Morales y con procesos plagados de irregularidades y arbitrariedades. Ahora confirma su sentencia una Corte Mínima, con jueces que aceptaron ser nombrados por decreto violando así la Constitución que deben defender, con magistrados que trabajan para el Grupo Clarín y que vienen interviniendo en la política nacional a través de sus fallos, dejando en claro que ya no hay división de poderes en nuestro país.
Ante este escenario es indispensable que el Presidente, quien públicamente ha calificado de injusta la prisión de Milagro, junte el valor necesario que su envestidura requiere y utilice las herramientas constitucionales y de la Democracia que millones de compatriotas han puesto en sus manos en 2019.
Es hora de que el Poder Ejecutivo le ponga un freno a este poder judicial viciado de corrupción, que administra la persecución y la impunidad según los intereses de sus dueños.
Creemos firmemente que se debe llevar adelante una profunda depuración del sistema de distribución de Justicia en nuestro país. Para democratizarlo, resaltando la labor de quienes cumplen su trabajo de manera honesta y dejando de lado, para rendir cuentas a la sociedad, a quienes entre dádivas y oscuros intereses se dedican sólo a ser verdugos a sueldo de los poderes fácticos.
El primer paso en este sentido es la libertad de Milagro.
