Por Silvia Vázquez.
El primer acto que muestra la relevancia que el gobierno de Javier Milei otorga a la cuestión educativa fue rebajar de nivel el Ministerio de Educación para transformarlo en una Secretaría del Ministerio de Capital Humano, junto a otros ex “ministerios sociales”, reduciendo la jerarquía institucional y fundamentalmente habilitando el desfinanciamiento de una obligación del Estado Nacional estratégica para el país.
Las universidades (junto a otras erogaciones nacionales como el FONID, becas, libros y computadoras) son atacadas porque reciben el mayor aporte económico proveniente del Estado Nacional en un sistema educativo que está fundamentalmente financiado por las provincias, en un gobierno obsesionado por un “déficit cero” que implica destinar toda la plata a pagar deuda a cambio de destruir la educación, la salud, la seguridad social y la obra pública.
Los datos actuales son alarmantes:
Para este año, el presupuesto total para las universidades es de $3,98 billones. La cifra representa una caída del 30,09% en comparación con 2023.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), integrado por los rectores de universidades públicas, estimó la caída del salario real universitario en 33% hacia el mes agosto
La inversión anual por estudiante de una universidad pública se encuentra en los niveles más bajos desde 2004, según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Esta estrategia oficial estuvo acompañada de una brutal confrontación y sostenida por el mismísimo presidente en discursos psicotizantes plagados de cálculos mentirosos, promesas irrisorias, estigmatizaciones y hasta insultos claramente procaces hacia quienes defienden la educación pública y/o tienen alguna disidencia con semejante desguace. Pero y al mismo tiempo explicitar la intención de destruir instituciones socialmente prestigiosas generó condiciones para formar un bloque de defensa de la educación pública que se expresó en una movilización masiva y transversal como no se conoce desde el retorno de la democracia.
Esta articulación se plasmó también el Congreso Nacional que aprobó por una amplísima mayoría una ley por lo menos compensatoria para el sostenimiento económico del funcionamiento y los salarios de las y los trabajadores universitarios.
Sin embargo, Milei vetó dicha ley, y en una actitud vergonzante varios legisladores cambiaron su voto, traicionaron su propia posición anterior. Como señaló CFK “el voto contra la universidad nacional, pública y gratuita prevaleció, y el veto de Milei contra la educación, sigue vigente”.
Esta segunda estocada contra la universidad también sirvió para revitalizar al movimiento estudiantil, fortaleciendo su capacidad de generar un valioso trabajo interclaustros y un imprescindible diálogo con el conjunto de la sociedad, frente a lo cual el gobierno responde con exabruptos, mentiras y abuso de la violencia hacia el estudiantado, ejercida por patotas fascistoides de haters virtuales.
El futuro no parece prometer nada bueno ya que el proyecto de ley de Presupuesto 2025 anuncia una reducción adicional de los fondos nacionales para la educación; algunos estiman en 37% la caída del presupuesto de la cartera educativa con relación al anterior presupuesto aprobado en 2023. Si bien la situación previa estaba lejos de ser óptima, resulta preocupante el nivel de deterioro del financiamiento con el que se pretende arrasar con la educación pública y las dificultades enormes para su recuperación.
La tarea sigue siendo política: en las aulas, en las calles, en los lugares de trabajo, en el Congreso de la Nación y en las provincias y municipios donde se siga teniendo voluntad de organizar fuerza social para defender pacífica y firmemente una democracia cuyo rumbo vuelva a estar señalado por los derechos de las mayorías populares.
