Los dirigentes kirchneristas Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti denunciaron hoy a Mauricio Macri, su ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el director de Asuntos Jurídicos de esa cartera Juan Mocoroa, a raíz del acuerdo realizado por este último en nombre del Estado, que significa una quita más del 98% en la deuda del Correo argentino con las arcas públicas. Correo Argentino es una empresa controlada por Franco Macri, padre del actual presidente de la Nación. La denuncia presentada en el juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, deriva de una investigación publicada en el portal Nuestras Voces, que dirige Cerruti, y los delitos de los que se acusa a los tres funcionarios son fraude en perjuicio de la Administración Pública (art. 174 inc. 5º del Código Penal) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (art. 265, C.P.).
“En la propuesta que aceptó el gobierno macrista -explican Sabbatella y Cerruti en el escrito patrocinado por el apoderado de Nuevo Encuentro, Sergio Zurano-, el 50 por ciento de la deuda de la familia Macri con el Estado se pagará en el 2032 y 2033. De ahora a 15 años y 32 años más tarde del momento en que empezó el juicio. Y todo esto, con una quita de 70.163 millones de pesos, que surgen de tomar el plazo y la tasa de interés aceptada por el Estado en lugar de lo que correspondería, que es la tasa de interés activa del Banco Nación. O sea, pagarían tres décadas más tarde el 1,18 por ciento de la deuda que debería cobrar el Estado”.
“Para que se entienda bien –continúan los dirigentes de Nuevo Encuentro en la denuncia-, la deuda original del Correo Argentino con el Estado era de 296.205.376 pesos. Eso era en 2003. Según las actualizaciones que hizo la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, esa deuda al 2017 supera los 4.000 millones de pesos. Y proyectada al 2033, cuando los Macri van a terminar de pagar según el acuerdo aceptado, da 71.001.731.324 pesos. Por lo tanto, la propuesta que aceptó el gobierno implica una quita de 70.163.910.895 pesos, el 98,82 por ciento”.
Se trata de la antigua deuda contraída por la empresa de la familia Macri, que lleva más de 15 años judicializada y que el Estado argentino rechazó en distintas oportunidades, durante ese período, por considerar que las propuestas de pago eran abusivas. Sin embargo, al llegar Macri a la presidencia, el Estado se propone aceptar una quita de la deuda del 98,82%, según los cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación. Además, se le concedió un plazo de pago que terminaría recién en 2033.
Sabbatella y Cerruti incorporan a sus argumentos contra Macri, Aguad y Mocoroa lo dicho por la fiscal Gabriela Boquín, quien había advertido del desfalco: “En definitiva, al momento de emitir su dictamen sobre la aceptación de la oferta por parte del Estado Nacional, la fiscal Gabriela Boquín advirtió que ‘la propuesta aceptada implica reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible (…) por resultar equiparable a una condonación de deuda’; que ‘la aceptación de la propuesta implica un cambio estratégico de defensa de los intereses del Estado, configurando una manifiesta irregularidad -que corresponde investigar- en tanto propicia la aceptación de un acuerdo ostensiblemente ruinoso para el patrimonio estatal’; y la propuesta aceptada ‘resulta abusiva, irrazonable y ruinosa para los intereses de la comunidad’, entre otras cosas”.
