Los dirigentes kirchneristas Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti ampliaron hoy su denuncia, presentada la semana pasada, contra Mauricio Macri, su ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el director de Asuntos Jurídicos de esa cartera Juan Mocoroa, a raíz del acuerdo realizado por este último en nombre del Estado, que significa una quita de más del 98% en la deuda del Correo Argentino, controlado por la familia presidencial, con las arcas públicas. Se trata de la causa, a cargo del juez federal Ariel Lijo, en la que se acusa a los tres funcionarios por los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública (art. 174 inc. 5º del Código Penal) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (art. 265, C.P.).
Los elementos incorporados hoy a la presentación judicial, se basan en tres ejes y, según sostienen Sabbatella y Cerruti, “constituyen otra clara muestra de que los funcionarios involucrados, sobre todo el Presidente de la Nación, sabían perfectamente que el acuerdo firmado por la deuda que Correo Argentino S.A. mantiene con el Estado, era totalmente perjudicial y «ruinoso» para las arcas públicas, y beneficiaba abusivamente a la empresa del propio Presidente Macri”.
En primer lugar, el nuevo escrito demuestra la deliberada desigualdad de criterios utilizados por el Gobierno en el acuerdo por el pago a los Fondos Buitres, en el que el Estado era deudor, y el adoptado, apenas cuatro meses después, con el Estado como acreedor, con la privatizada Correo Argentino, administrada además por la familia Macri.
“En el acuerdo con los fondos buitres de marzo de 2016, el Gobierno aceptó como lógico, razonable y beneficioso para los intereses argentinos, el pago de 4.635 millones de dólares, pagando todo junto en un pago, sin financiamiento a plazo, sobre una deuda nominal original de 1.330 millones de dólares, que era el monto de los bonos en default al año 2002. Es decir, un 350 por ciento más por una deuda originada más o menos al mismo tiempo que la del Correo Argentino con el Estado Nacional”, sostiene la denuncia y agrega que, sin embargo, “cuatro meses más tarde, cuando el Estado argentino era acreedor de Correo Argentino, de la empresa de la familia Macri, aceptó cobrar una deuda en pesos, con un 100% de interés, a 17 años y cuando tenía la posibilidad legal del rechazo y seguir obstruyendo la aprobación del concurso o bien pedirle la quiebra, yendo incluso contra sus controlantes altamente solventes (Sideco Argentina SA y SOCMA)”.
“Los hechos públicos y notorios son la prueba cabal del dolo de los funcionarios involucrados al aceptar una oferta perjudicial para los intereses del Estado Nacional y beneficiosa para la empresa de la familia presidencial. De lo contrario, deberíamos imputar al Presidente de la Nación por fraude al Estado cuando acordó con los fondos buitres”, afirman Sabbatella y Cerruti. “Al referirse a la deuda de los buitres, el presidente afirmaba que había que pagarles todo lo que pedían porque «las deudas hay que honrarlas» y solamente «hay que preguntar cuánto es y pagar». No fue la esa la actitud que el mismo Macri mostró cuando tuvo que defender los intereses del Estado como acreedor y cuando el deudor que debía «honrar las deudas» era su empresa familiar”, sostienen los denunciantes.
Por otra parte, los dirigentes de Nuevo Encuentro, incorporaron un hecho sobre el que alertó la Fiscal de Cámara Dra. Gabriela Boquín, dos días después de la presentación de la denuncia. Se trata de la demanda por daños y perjuicios iniciada por Correo Argentino S.A. contra el Estado Nacional por un monto de 1.795 millones de pesos más un 11% anual de intereses. La demanda fue iniciada 25 días antes de que se lleve a cabo la audiencia del acuerdo en el concurso de acreedores.
“La misma empresa que como deudora ofrecía 0% de intereses durante 14 años y 7% por ciento anual de intereses durante los próximos 15 años, a la vez reclamaba un 11 por ciento de intereses en su propio reclamo contra el mismo Estado”, detalla el escrito presentado hoy en sede judicial y explica que “el problema no es que la empresa quiera maximizar sus ganancias a costa del Estado. El problema es que el Estado acepte estas condiciones perjudiciales, cuidando más los intereses de la empresa que el interés público, cuando encima sabemos que la empresa no es cualquier empresa, sino la empresa del Presidente de la Nación”.
Finalmente, la denuncia agrega nuevos datos surgidos de una investigación periodística, titulada “Macri es Mauricio”, publicada el pasado 11 de febrero en el sitio web “Nuestras Voces”. “El portal informativo no sólo ratifica que Socma (y por ende, Correo Argentino), es la empresa de la familia del presidente, sino que además advierte que el propio Mauricio cedió sus acciones de Socma pero se quedó con un «usufructo» de las mimas, por lo que continúa siendo el propio Mauricio el beneficiario económico del holding a quién beneficia desde el Estado”, sostiene la denuncia. “Sin perjuicio de que con el sólo hecho de beneficiar a la empresa de su familia ya estaríamos incursos en las negociaciones incompatibles, la situación es más grave aún, dado que ni siquiera es la empresa familiar sino la suya propia. Macri es Mauricio”, concluyen los nuevos argumentos.
