“El plan de Macri es que en esta campaña electoral no se discuta el presente sino el pasado. Quieren esconder la dura realidad que viven los argentinos y argentinas con fallos y resoluciones absurdas contra quienes formamos parte del Gobierno anterior. La maniobra, como siempre, se completa con la manipulación, la difamación y las mentiras de los medios hegemónicos. Buscan tapar el ajuste y la pérdida de derechos”, expresó Martín Sabbatella quien fue procesado, junto a la legisladora porteña Andrea Conde, por el juez federal Luis Rodríguez.
La causa fue impulsada por el propio Gobierno nacional y está vinculada a la firma de convenios con organizaciones para la capacitación de medios comunitarios, cuando Sabbatella presidía la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y Conde era directora de Proyectos Especiales de ese organismo.
“Nos acusaron, primero, por tratar de que Clarín cumpla la ley y, ahora, porque apoyamos, fortalecimos y fomentamos al sector comunitario de la comunicación. Es decir: el oficialismo gubernamental, mediático y judicial nos persigue porque cumplimos la ley vigente y trabajamos para democratizar la comunicación”, opinó el exfuncionario y agregó: “Hicimos todo en el marco de la ley, de esa misma ley que Clarín no cumplió gracias a los favores del partido judicial. Cada paso que dimos está acreditado y documentado. Pero a estos jueces funcionales al Gobierno y los empresarios no les interesa la verdad, sino colaborar con la campaña del macrismo”.
“El miércoles último fuimos a declarar ante Rodríguez y el fiscal amigo de Macri, Carlos Stornelli. Nos informaron los detalles de la imputación, dimos testimonio de nuestra inocencia y solicitamos algunos días para acercar más elementos que demuestran lo genuino y legal de todo lo que hicimos en AFSCA y, específicamente, en relación a estos convenios. Sin embargo, a menos de 48 horas y sin esperar esas nuevas pruebas, el juez nos procesó y embargó por montos disparatados, con la intención de intervenir en el proceso electoral y generar sospecha acerca de nuestra conducta y el origen de un patrimonio que no alcanza ni remotamente una cuarta parte del embargo”, consideró y concluyó: “Es un disparate jurídico, a mi entender propio de un poder judicial enviciado e intervenido por los intereses políticos y empresarios del Gobierno”.
La causa contra Sabbatella y Conde fue iniciada por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), organismo creado por Macri tras la disolución de AFSCA, y lleva el impulso fiscal de Carlos Stornelli, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, a cargo de Luis Rodríguez. El miércoles 5 de julio los exfuncionarios se presentaron a la indagatoria del juez, quien tenía 10 días hábiles para analizar las declaraciones, los testimonios y las pruebas ofrecidas antes de resolver. No obstante, antes de que se cumplieran dos días de las indagatorias y sin esperar la nueva documentación, Rodríguez redactó y firmó el procesamiento de ambos funcionarios.
