Asistimos a uno de los momentos más graves de la historia democrática de nuestro país, en el que día a día se sumerge a más familias en la angustia y la desesperación. Manipulando la legitimidad de origen que le otorgó su triunfo electoral, el economista Javier Milei lleva adelante una embestida vertiginosa, violenta y profunda contra las mayorías populares, con el objetivo indisimulado de consolidar un modelo de desigualdad social asentado sobre las ruinas de los derechos consagrados en los últimos 100 años.
Como fiel sirviente de los sectores nacionales y trasnacionales concentrados -que son quienes financiaron su carrera hacia la Presidencia, quienes ocupan los lugares de decisión en el Estado y quienes modelan las políticas públicas a favor de beneficios privados-, el presidente Milei ejecuta un plan de demolición incesante contra la estructura legal que ampara a las y los trabajadores y contra las instituciones estatales encargadas de garantizar derechos y evitar privilegios.
La premisa del programa del Gobierno nacional es tan clara como cruel: enfrentar hasta su eliminación cualquier área, persona o norma que obstaculice o regule negocios privados o que tienda a evitar la acumulación obscena de riqueza y la profundización de la pobreza. La ejecución de ese plan de desigualdad y saqueo es acompañada de una intensa campaña de estigmatización y descrédito de lo público y lo estatal. Desde investigadores y científicos hasta el personal de los ministerios, desde programas de inclusión hasta presupuestos universitarios, desde jubilados y enfermeras hasta las pensiones no contributivas de las personas con discapacidad, desde empresas públicas hasta entes de regulación, todo lo que forma parte del Estado y puede ser volcado para negocios privados es sometido a un bombardeo violento desde los medios hegemónicos, las redes sociales y los voceros pagados desde el Gobierno.
El blanco de la artillería oficialista no es solamente lo estatal: el plan busca impedir cualquier posibilidad de desarrollo nacional justo y equitativo, y para ello arrasa con la consolidación y el crecimiento de las pymes, de las economías regionales, de la utilización soberana de los recursos naturales y de todo proyecto productivo que pueda derivar en un futuro que signifique más equidad en la distribución de ingresos y mayor pluralidad en el acceso a derechos.
Así como para nosotros donde hay una necesidad hay un derecho, para ellos donde hay un negocio privado no puede haber normas, personas o dependencias que lo limiten.
El supuesto “libre juego del mercado”, que los autodenominados libertarios esgrimen para justificar las medidas de desregulación del Estado y la desaparición de derechos y garantías, disfraza -sin llegar a ocultar- un plan de negocios puro y duro que, por un lado, desemplea, hambrea y angustia a millones de argentinos y argentinas, y por otro, beneficia a minorías muy privilegiadas que se apropian de lo que es de todos y todas mediante el favor rentado del Gobierno de Milei. El libre mercado se traduce en licencias preadjudicadas para acumular, concentrar y abusar; por lo cual, las víctimas directas del régimen actual son los trabajadores y las trabajadoras, las familias pobres y de clase media, los jubilados y jubiladas, y también las pequeñas, medianas y grandes empresas que durante nuestros gobiernos tuvieron el acompañamiento del Estado para poder invertir, crecer o atravesar momentos muy difíciles de recesión y caída del consumo como el de la pandemia.
El desprecio de este Gobierno por lo nacional, por lo soberano y a favor de la independencia de la Patria, se expresa también en un claro y perjudicial alineamiento geopolítico con Estados Unidos, del cual el reciente encuentro del presidente Milei con la generala Laura Richardson, titular del Comando Sur de Norteamérica, en Ushuaia es una muestra cabal y gravísima.
Sabemos, y lo expresamos públicamente, que el Gobierno anterior -del que formamos parte- decepcionó a la enorme mayoría de los argentinos y argentinas por el fracaso autoinducido de numerosas políticas públicas y la incapacidad de revertir radicalmente la desigualdad y la exclusión perpetradas por el macrismo. La tibieza de muchas iniciativas impulsadas de 2019 en adelante, la búsqueda de acuerdo con los sectores más especuladores y dañinos del país, la acentuación del endeudamiento y la dependencia con el FMI, la ausencia deliberada de un discurso contrahegemónico y la falta de compromiso con la unidad del espacio político con el que habíamos recuperado el Gobierno, derivaron en la frustración del Pueblo argentino y abonaron el terreno social para la emergencia de un experimento de derecha violento como el que hoy maneja el Estado. La pandemia de Covid 19, la guerra en Europa y la sequía histórica en nuestro país sumaron un contexto económico dramático que demandaba la mayor responsabilidad institucional y política para poder acompañar a nuestro Pueblo y mantener de pie nuestra Patria. Hasta las muy buenas políticas tomadas por nuestro Gobierno para enfrentar ese contexto crítico se vieron empañadas por la frivolidad, la soberbia o el desinterés de quien tenía la mayor responsabilidad institucional.
Nosotros y nosotras le pusimos el cuerpo y la militancia a nuestro Gobierno, al mismo tiempo que marcamos y buscamos evitar las consecuencias que podían tener aquellas políticas fallidas. El necesario debate que impulsamos y el intercambio responsable de ideas en un movimiento político plural y diverso fueron, son y serán imprescindibles, y estamos convencidos y convencidas de que -en el marco de la gestión anterior- ayudaron a mejorar muchas iniciativas gubernamentales y a evitar algunos desvíos innecesarios que hubieran resultados aún más perjudiciales para nuestro Pueblo.
La irrupción de Milei y el proyecto económico que llegó al control del Estado hace 120 días no se explica sin atender al impacto negativo de los dos gobiernos anteriores sobre las grandes mayorías. Tampoco se explica sin tener en cuenta la presión constante del poder concentrado sobre los trabajadores y sus representantes y de la campaña feroz de persecución y estigmatización del movimiento popular. Este Gobierno manipula el malestar generado por la continuidad de la crisis para granjearse un respaldo transitorio que le permite avanzar con el plan histórico del poder
económico contra los trabajadores, destruyendo el Estado, despidiendo trabajadores y consagrando por decreto o por la fuerza la desigualdad y la exclusión.
Estamos convencidos y convencidas de que la unidad en la diversidad es el mejor camino para reconstruir una alternativa política que represente cabalmente los intereses populares, cuya mayor expresión se dio durante los mandatos presidenciales de nuestros compañeros Néstor y Cristina Kirchner. Una unidad que necesita de todos y todas y que requiere de un profundo y sincero debate en el marco de nuestras organizaciones y con nuestra militancia; para que nunca más se quiera descartar a la vuelta de la esquina el colectivo político y el o los liderazgos que resultan más convocantes y populares. Y para que la orientación y el sentido de las políticas públicas que llevemos adelante en un futuro se correspondan con el pensamiento mayoritario de esa unidad.
Nuevo Encuentro, como fuerza kirchnerista liderada por Cristina, ratifica su compromiso con la lucha por la defensa de los derechos para todos y todas frente al avance de la derecha, así como con la reconstrucción del Proyecto Nacional, Popular, Democrático, Transfeminista y Ambientalista, para que una Patria libre, justa y soberana vuelva a ponerse de pie.
Morón, 5 y 6 de abril de 2024 / Reunión de Mesa Nacional de Nuevo Encuentro
