El reciente veto presidencial a la ley de Emergencia Tarifaria, que fue aprobada en el Congreso Nacional, pone una vez más evidencia el desprecio del Gobierno de Mauricio Macri por los sectores populares, sus representantes parlamentarios y las organizaciones sociales, sindicales y políticas que rechazamos la vertiginosa suba de tarifas en los servicios esenciales. La disposición del Gobierno significa profundizar, sin respaldo social ni político, la decisión de transferir monumentales ganancias a un puñado de empresarios vinculados al propio Macri y su entorno, a costa del bolsillo de millones de usuarios de luz, gas y agua. También significa convalidar, de espaldas al Pueblo y en contra del desarrollo nacional, la brecha de desigualdad entre los más pobres y los más ricos, apostando a una economía en la que los sectores populares, las capas medias y las pymes financian la crisis con sus magros ingresos, mientras las elites especulativas se benefician con quitas, reducciones y blanqueos tributarios, adjudicaciones públicas turbias, bicicleta financiera y respaldo institucional al vaciamiento y la reducción de personal.
Además, el veto de Macri a la Emergencia Tarifaria corona, en su último día, un mes de mayo signado por una descomunal fuga de divisas, la acelerada devaluación del peso, la suba incesante de bienes y servicios de la canasta básica, la intensificación de suspensiones y despidos, el aval gubernamental a que la inflación le gane a los salarios y la aberrante decisión de Macri de volver a endeudar el país con el Fondo Monetario Internacional.
Todas las medidas económicas tomadas por el Gobierno de Cambiemos son impopulares: apuntan a acelerar la transferencia de recursos desde la base de la pirámide social hacia la cúspide, privando a las trabajadoras y los trabajadores de derechos esenciales, como la alimentación, la salud, la educación o el transporte; luego de dos años de arrasar muchos otros derechos y conquistas populares conseguidos durante nuestro Gobierno y a lo largo de la historia democrática argentina.
Todos estos retrocesos fueron posibles, hasta ahora, por el blindaje mediático conseguido por el macrismo mediante compra de voluntades, pautas publicitarias, nuevas oportunidades de negocios para los grupos hegemónicos y persecución y amedrentamiento a las voces críticas. También, con los favores de un Poder Judicial cada vez más intervenido por operadores de Cambiemos y las corporaciones. Y, por si fuera poco, la ejecución del plan de ajuste, quita de derechos y consagración de privilegios contó y cuenta con la existencia inaceptable de presas y presos políticos y el despliegue de un plan de atemorización pública y violencia institucional como hace tiempo no se veía en Democracia; persecución y represión que ahora se buscan ungir con la gravísima incitación presidencial a que las fuerzas armadas intervengan en asuntos de seguridad interior.
Ante este escenario de enorme conflictividad social y crisis económica y política, fruto de un ajuste que destruye el presente e hipoteca el futuro de millones de argentinos y argentinas, Nuevo Encuentro reafirma su compromiso con la unidad del campo nacional y popular; tanto en lo que hace a nuestra participación en todos y cada uno de los lugares de lucha, resistencia y construcción de poder popular, como en la acción parlamentaria conjunta con otras fuerzas y la búsqueda de acuerdos programáticos con otros espacios opositores para que el 10 de diciembre de 2019 sea el último día de gobierno de la derecha en Argentina.
Asimismo, respaldamos el llamado a un Paro Nacional en repudio al reciente veto presidencial y al conjunto de políticas públicas con las que el Gobierno de Macri está castigando al Pueblo argentino.
MESA NACIONAL DE NUEVO ENCUENTRO / Buenos Aires, 1° de junio de 2018
