Mañana voy a declarar en el Juzgado Federal de Claudio Bonadío, en una causa que iniciaron los principales accionistas del Grupo Clarín, luego de que descubriéramos su intención de burlar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No dudo de que el juez tiene el objetivo de procesarme y satisfacer así la voluntad persecutoria de esa corporación económica y de su socio, el Gobierno de Mauricio Macri. Nadie duda en este país -ni siquiera los fanáticos aplaudidores de Bonadío- que se trata de un juez funcional a acomodar sus decisiones jurídicas a la estrategia política de los sectores económicos dominantes que gobiernan Argentina desde diciembre de 2015. Y esos sectores son los que no soportan que desde 2003 haya habido un Gobierno que se atrevió a enfrentarlos y a dar una pelea franca y democrática contra sus privilegios.
Aunque esta causa es paradigmática y muy ilustrativa de la connivencia entre el partido judicial, el partido mediático y el poder económico, no es el único ni el más acabado ejemplo; es un capítulo más de esa alianza que, desde Comodoro Py, los medios hegemónicos o la Casa Rosada, despliega una feroz persecución contra Cristina y el Proyecto Nacional, Popular y Democrático que ella lidera. Es ella el objetivo central del hostigamiento, la difamación y la manipulación de causas judiciales. Ellos odian a Cristina, desprecian lo que hizo en favor del Pueblo y le temen a su vigencia en la memoria y el corazón de los argentinos y argentinas, porque allí germina el fracaso del modelo de ajuste y la reinserción en un camino de dignidad, soberanía e igualdad.
Es muy curioso y preocupante lo que pasa con el Poder Judicial en nuestro país.
Repasemos rápidamente lo ocurrido desde 2009 con la llamada ley de medios:
– La empresa hegemónica del mercado intenta frenar la sanción de una ley impulsada por el Poder Ejecutivo -a cargo de Cristina Kirchner- que regula el mercado audiovisual.
– No lo logra, gracias a la decisión de inmensas mayorías en el Poder Legislativo Nacional, que aprueban la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entonces, el Grupo va en búsqueda del tercer Poder del Estado -el Judicial-, apelando al favor o el miedo de diversos jueces del fuero federal. Consigue, por fin, frenar la aplicación de la ley durante 4 largos años con medidas cautelares.
– Pero a fines de 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara la constitucionalidad total de la norma y habilita al Estado, a través de AFSCA, a avanzar en el proceso de desconcentración de medios.
– Entonces, el Grupo Clarín, sin aval para seguir al margen de la ley, presenta una propuesta de adecuación voluntaria que, básicamente, sugiere dividir el inmenso oligopolio en seis grandes grupos. La propuesta es estudiada y aprobada por nosotros, a la espera de los nombres de quienes integrarían cada una de esas sociedades, las cuales, por imperio de la ley, debían ser absolutamente independientes entre sí, es decir: no podían tener ningún vínculo societario.
– Finalmente, el Grupo acerca a AFSCA los nombres de los futuros integrantes de esas unidades y subraya su autonomía, tal como lo exige la ley. Pero el Estado no se queda de brazos cruzados e investiga cada una de esas unidades, descubriendo que más allá de la división aparente, los viejos socios seguirían unidos en 17 sociedades constituidas en Argentina, Panamá, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Es decir: decían que vendían pero no vendían, decían que se dividían pero no se dividían.
– Descubiertas las #TrampasDeClarín, desde AFSCA resolvemos dar paso al proceso de adecuación de oficio, iniciando la tarea de realizar concursos públicos para la integración de cada una de las unidades en las que debía dividirse el multimedios; es decir: tomar en manos del Estado la tarea de poner fin a la concentración mediática que estaba prohibida por la ley. No fue un capricho, un abuso, ni ninguna irregularidad: fue el cumplimiento cabal y pleno de lo que estaba establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
– Tras esta sucesión de acontecimientos y a partir de nuestra de decisión de no permitir que el Grupo Clarín volviera a burlarse de la ley, del Estado y del conjunto de argentinos y argentinas, la corporación vuelve a su refugio en Comodoro Py, donde logra nuevas medidas cautelares que nos atan otra vez las manos.
– No conforme con ello, los socios tramposos despliegan una nueva fase de la persecución en el juzgado de un viejo conocido, el Dr. Bonadío, ante quien me acusan y acusan a otros directores y funcionarios por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad en el ejercicio de la función pública”.
– Lo demás es historia repetida y obvia: el fiscal imputa y el juez llama a indagatoria y nos pone al borde del procesamiento.
En síntesis: la megaempresa dominante en el mercado de medios intentó burlar la ley, fue descubierta y sancionada con los elementos legales que tenía el Estado para hacerlo. Y el Poder Judicial, en lugar de ir por aquel que quiso hacer trampa, agarró al que descubrió la trampa y lo sentó en el banquillo de los acusados, mientras dejó que el tramposo ampliara su poder y se expandiera aún más en el mercado.
Más allá de mi opinión sobre Bonadío y el partido judicial, no dejaremos -como nunca dejamos- de cumplir los pasos procesales que se nos impusieron, aun cuando denunciamos y denunciaremos públicamente sus motivaciones e implicancias. Siempre actuamos y actuaremos de acuerdo a Derecho. Aceptando y buscando sortear sin trampas todos los obstáculos que nos puso esa alianza corporativa (política-mediática-judicial) a lo largo de estos 8 años. No fuimos nosotros los que buscamos eludir la ley, sino Clarín. Y lo logró con el aval del partido judicial y del poder político y económico que hoy gobierna el país.
Mañana volveremos a comportarnos ajustados a Derecho. Me presentaré, junto al abogado Alejandro Rúa y las abogadas Graciana Peñafort y Elizabeth Alcorta, en el juzgado de Claudio Bonadío y le llevaré todas las pruebas que motivaron nuestra decisión de avanzar con lo establecido en el art. 161 de la ley 16.522/09 y la resolución 2205/12 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Dadas las circunstancias, es difícil esperar que se haga Justicia. Muchos de quienes dicen ejercerla representan los intereses de los que se empeñan en burlarla.
Les dejo aquí dos videos y una presentación que hice públicos cuando tomamos la decisión de no permitir que el Grupo Clarín se burlara de la Democracia y del país. Por hacerlo nos quieren procesar y condenar.
– #TrampasDeClarin – Maniobra 1 | DECÍAN QUE SE IBAN A DIVIDIR PERO SEGUIRÍAN TODOS UNIDOS
– #TrampasDeClarin – Maniobra 2 | DECÍAN QUE IBAN A VENDER PERO NO VENDERÍAN
