Nuestrxs legisladorxs, en distintos ámbitos parlamentarios y en diferentes ciudades:
Legislatura de la provincia de RÍO NEGRO, diputado Leandro García.
HCD de ITUZAINGÓ, Buenos Aires, concejalxs Luján Guasp y Santiago Stura,
HCD de MERLO, Buenos Aires, concejala Patricia Alvez.
HCD de AVELLANEDA, Buenos Aires, concejal Santiago Pirolo.
HCD de SAN VICENTE, Buenos Aires, concejala Hebe Lencina.
HCD de LA MATANZA, Buenos Aires, concejala Melany Kergaravat
HCD de San Martín, MENDOZA, concejala Silvana Agüero;
han presentado proyectos de repudio por la inoperancia de la justicia.
El intento de magnicidio contra Cristina constituye el episodio de violencia política más grave desde el retorno de la democracia argentina. Sin embargo, el accionar judicial parece estar orientado a lograr la impunidad de los responsables intelectuales por sobre el esclarecimiento del caso. La jueza María Eugenia Capuchetti permitió, entre otras irregularidades, que borraran el contenido del celular de Sabag Montiel (autor material del intento de magnicidio); no investigó el financiamiento de la familia Caputo a la agrupación “Revolución Federal” y no analiza por qué el actual diputado nacional Gerardo Milman (mano derecha de Patricia Bullrich) dijo: Cuando la maten voy a estar camino a la costa, ni por qué su celular y el de sus asesoras fueron borrados.
El partido judicial, tal como lo denomina Cristina Fernández de Kirchner, demuestra estar más ocupado en garantizar impunidad a los responsables intelectuales del intento de magnicidio que en dar respuestas sobre quién ideó y financió el atentado.
De lo poco que se ha publicado sobre dicho proceso en los medios de comunicación hegemónicos (que claramente lo han invisibilizado), siempre dirigen sus crónicas a acusar a la custodia, que tenía como vicepresidenta, como responsable del hecho. (Cristina Fernández de Kirchner, horas antes de su declaración en el juicio contra los autores materiales).
Cabe destacar que el intento de asesinato de Cristina es el resultado de un sinfín de episiodios repletos de odio hacia la figura de nuestra máxima dirigenta. Es fundamental analizar el hecho en el contexto latinoamericano, donde se viene desatando una ola de violencia extrema que siempre tiene las mismas terminales políticas: quienes atentan son financiados o amparados por el poder económico, mientras las víctimas siempre son el Pueblo y sus representantes.
Por todo lo mencionado, con la mirada puesta en el accionar del poder judicial, desde la Red Legislativa de Nuevo Encuentro sostenemos que es imprescindible dar con los verdaderos responsables del atentado que significó un quiebre del pacto democrático iniciado en 1983.
No al pacto de impunidad. Nuestra democracia necesita Verdad y Justicia.
