Un ataque directo a los recursos de las provincias
Para el legislador de Río Negro, Leandro García, la reforma pretende profundizar la descentralización de facultades de control para favorecer el extractivismo en zonas críticas. “La ley de glaciares afecta directamente a la Patagonia y a Río Negro. Se le otorga a los gobiernos provinciales la posibilidad de aprobar actividades económicas en nacientes de ríos, glaciares y zonas periglaciales, sin la capacidad técnica que tiene el IANIGLA”, advirtió.
García fue tajante respecto a los intereses detrás del proyecto: “El gobierno de Milei necesita esconder lo que es a todas luces un negocio de cinco mineras transnacionales a costa del agua que necesitamos para vivir, producir, generar energía y combatir incendios. No vamos a convalidar un modelo de entrega con promesas de desarrollo que nunca llegan”.
Impugnación a la “Audiencia Parodia”
Por su parte, Marina Parra, responsable del frente ambiental de Nuevo Encuentro, denunció la arbitrariedad en la metodología de la audiencia pública prevista para tratar la norma, señalando que se trata de una simulación democrática que viola la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú.
“Cercenaron la participación de manera arbitraria: de los más de 100 mil inscriptos, menos del 1 por ciento podrá participar, sin transparentar el mecanismo de selección”, denunció Parra.
La referente ambientalista subrayó que la convocatoria oficialista “no garantiza la participación, la manipula. No va camino a cumplir con la audiencia pública, va camino a simularla”. Los cuestionamientos se centran en que, de los casi 100 mil anotados, sólo se autorizaron 360 expositores para hablar por videoconferencia en apenas dos días.
“Con la modificación de la ley quieren flexibilizar la protección para priorizar negocios mineros. No hay desarrollo posible en un territorio devastado”, concluye Parra.
