Grana exige al Ejecutivo que explique las miles de suspensiones del Progresar

El diputado nacional del Frente para la Victoria-PJ, Adrián Grana, presentó un pedido de informes al poder Ejecutivo para que se indique cuántos estudiantes fueron afectados por las suspensiones del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR), sus razones y si estas fueron debidamente informadas. También que se cuantifique las solicitudes presentadas durante 2016 y 2017 y se especifique cuántas se otorgaron y cuántas fueron denegadas. El diputado kirchnerista denunció que a partir del 2017 comenzó una reducción masiva de estos beneficios, que se intensificó en mayo y junio, hasta llegar a cerca de un millón de suspensiones, al punto de que “prácticamente ninguno de los beneficiarios sabe si lo va a percibir”, advirtió. “Esto va en línea con los recortes a las pensiones, a las prestaciones para los jubilados, al tarifazo y la caída de consumo de los sectores populares por causa de estas políticas económicas. Tiene que ver con el ajuste permanente al que nos somete el gobierno de Cambiemos”, dijo Grana sobre las bajas en el PROGRESAR, programa instaurado en 2014 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

“Necesitamos respuestas, que los funcionarios responsables contesten nuestros interrogantes, pero fundamentalmente que den soluciones a los miles de jóvenes que se ven afectados por estas medidas restrictivas”, señaló Grana en los fundamentos del proyecto de resolución ingresado hoy. Tal como indica el diputado, el objetivo del PROGRESAR es “generar oportunidades de inclusión social y laboral a través de acciones integradas que permitan capacitar a los jóvenes entre 18 y 24 años, con el objeto de finalizar la escolaridad obligatoria, iniciar o facilitar la continuidad de una educación superior y realizar experiencias de formación en ambientes de trabajo”.

Grana recordó además que se trata de un programa dirigido a jóvenes que pertenecen a grupos vulnerables, y que «la falta de este beneficio contribuye al deterioro social al que se está llevando a la población argentina».

Grana reclama que se trate el proyecto que declara la emergencia tarifaria

El diputado nacional del Frente para la Victoria-PJ, Adrián Grana, insistió hoy en la urgente necesidad de que la Cámara trate el proyecto de ley presentado en marzo pasado, que declara la emergencia en el acceso a Servicios Públicos esenciales en todo el país.

En sintonía con lo expresado ayer por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el proyecto de Grana establece la suspensión por un año de los aumentos de tarifas de servicios públicos que fueran autorizados por el Poder Ejecutivo Nacional. En la entrevista de anoche, emitida por el canal de televisión C5N, la ex presidenta señaló que se debe declarar la emergencia “tarifaria, alimentaria, laboral y de medicamentos”, entre otras definiciones sobre la situación del país a partir de las políticas del gobierno de Cambiemos.  En esa línea, el diputado kirchnerista afirmó que “corresponde a los diputados y senadores hacerse cargo de la representatividad popular y sancionar leyes acordes a las necesidades urgentes del pueblo, en lugar de hacerle el juego a un gobierno cuyas propuestas solo generan ajuste, desempleo y pobreza”.

En el proyecto de ley, el diputado hace referencia a que la dimensión de los aumentos autorizados son “irrazonables” y que “en algunos casos van a alcanzar hasta un 150%”, lo que agrava aún más la situación generada “por los desmesurados aumentos ya autorizados durante el año 2016”. Grana señaló que “el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, haciendo oídos sordos a todos los planteos efectuados por diversos sectores, anunció una nueva suba generalizada y abrupta de tarifas. Un nuevo “shock” de aumentos generalizado, dividido en etapas, es decir, “gradualista”, que castigará indiscriminadamente a la sociedad durante el transcurso de 2017”.

El proyecto de Emergencia se aplica a servicios públicos esenciales como el transporte de pasajeros, la electricidad, el agua corriente y el gas.

Conde: «No nos sorprende que nos persiga Clarín, cumplir con la Ley de Medios para ellos era un delito»

«No nos sorprende que Clarín nos persiga por hacer cumplir la Ley de Medios. Para ellos, el delito era ése, porque la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual significaba la desconcentración mediática y el fomento a medios comunitarios, populares y de pueblos originarios que para ellos es una amenaza a su poder«, expresó Andrea Conde, legisladora por el FPV y ex Directora de Proyectos Especiales de la ex AFSCA.

«Esto es otro capítulo más de la persecución al kirchnerismo por haberse atrevido a cuestionar el poder y haber gobernado en favor de las mayorías. Después de meses de realizar auditorías lo único que pueden decir hoy es que «sospechan» que dirigimos fondos a nuestro partido. Es una falaz mentira porque si algo caracteriza a Nuevo Encuentro es su financiamiento absolutamente transparente«, agregó la diputada porteña.

«Desde la Dirección de Proyectos Especiales pusimos en marcha el FOMECA, que permitió por primera vez en la historia de los medios de nuestro país que cientos de canales y productoras comunitarias y populares pudieran financiar sus producciones y recibir reconocimiento del Estado. El delito para ellos fue haber hecho cumplir una ley con la que Clarín siempre estuvo en guerra. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aplicada significaba que Clarín ya no iba a poder decir que con 4 tapas volteaba un gobierno. Ahora quieren asegurarse de que nadie más se atreva a cuestionar ese poder«, finalizó Conde.

Grana propone que se prohíba el ingreso de las fuerzas policiales a los establecimientos educativos

Ante la gravedad de las recientes intervenciones policiales en establecimientos educativos, con resultados en casos nefastos (docentes y alumnos agredidos e incluso detenidos) el diputado nacional del Frente para la Victoria-PJ, Adrián Grana, presentó un proyecto de ley que prohíbe taxativamente el ingreso de personal policial o de fuerzas armadas en escuelas e instituciones educativas de todo el país.

“El personal perteneciente a las fuerzas policiales y de seguridad: Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, no debe ingresar a los establecimientos educativos si no mediara orden escrita y fundada de autoridad judicial competente”, expresa el proyecto ingresado esta tarde en la Cámara baja.

En sintonía con otro proyecto de ley presentado en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires por el diputado José Campagnoli y otro similar ingresado en la Cámara alta bonaerense por la senadora Mónica Macha, el texto señala que el ingreso podrá ocurrir “única y excepcionalmente en los casos en que la demora en recabar la debida autorización judicial implique un grave riesgo para la vida o integridad física de los/as estudiantes, docentes y personal no docente de los establecimientos educativos y sea requerida su presencia por la máxima autoridad educativa presente”. En términos de jurisdicción nacional el proyecto destaca el hecho de que hace pocos días en una escuela secundaria de Pilar “un grupo de gendarmes irrumpió sin previo aviso y orden judicial, para buscar a un estudiante”.

“Hemos decidido incluir en este proyecto la prohibición del ingreso de las fuerzas policiales y de seguridad en todos los niveles y modalidades de sistema educativo nacional, tal como lo define el artículo 14 de la Ley de Educación Nacional Nº. 26.206 respecto de las instituciones universitarias”, fundamenta Grana. “Pese a ello, las fuerzas de seguridad, al amparo de las autoridades, han realizado operativos en diversos establecimientos violando esta disposición, como ocurrió en abril de este año, cuando las fuerzas de la policía de la provincia de Jujuy ingresaron en la Universidad Nacional de Jujuy, sin orden escrita previa, y se llevaron detenido a un estudiante”, reflexionó Grana.

“Hechos como este no pueden volver a ocurrir, sin embargo están ocurriendo, no solo con las fuerzas policiales y de seguridad, sino también con las policías provinciales, desconociendo las pertinencias y las limitaciones de su intervención”, fundamenta el diputado kirchnerista. Por citar otros casos, en los últimos tiempos se registraron acciones de la policía de la Ciudad de Buenos Aires en los colegios Mariano Acosta, Mariano Moreno, Carlos Pellegrini y en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano. También en establecimientos de Banfield y Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense, por parte de la policía provincial.

«Por ello, creemos en la necesidad de dar contundencia a estas disposiciones a partir de una nueva Ley que prohíba claramente el ingreso de las fuerzas policiales y de seguridad en cualquier establecimiento educativo del Sistema Educativo Nacional”, señala el proyecto que fue acompañado por las firmas de los diputados del bloque Sandra Mendoza, Carlos Castagneto, Luana Volnovich y María Laura Masín.

Sabbatella: “Cuando te persiguen las corporaciones mafiosas es porque hiciste las cosas bien”

“El Gobierno de Macri, junto al partido judicial y al partido mediático, nos persigue por todo lo que hicimos para consolidar y fortalecer organizaciones y medios de comunicación populares. Nos acusan de haber fortalecido, mediante capacitación y financiamiento a medios comunitarios, a esos que se arraigan en el seno de los sectores populares, los que hoy son perseguidos y aplastados por el poder hegemónico aliado a este Gobierno”, opinó hoy Martín Sabbatella, tras ser citado a indagatoria por el juez federal Luis Rodríguez, en una causa en la que se investigan convenios firmados entre AFSCA y distintas organizaciones para capacitar al sector comunitario.

“Nos acusan de kirchneristas; ese es el motivo central de la acusación y la persecución. No hay que olvidarse que primero nos llaman a indagatoria por querer obligar a Clarín a cumplir la ley y ahora nos vuelven a llamar por fortalecer al sector comunitario; es coherente: aborrecen la democratización de la palabra”, opinó el titular de Nuevo Encuentro quien deberá presentarse a declarar ante ese magistrado el 27 de este mes, al igual que la exdirectora de proyectos especiales del organismo, la actual legisladora porteña Andrea Conde.

“El desprecio de Macri, de Magnetto y de los jueces del partido judicial es un orgullo para nosotros; porque cuando te cuestionan y persiguen las corporaciones mafiosas es porque hiciste las cosas bien, porque estás del lado correcto de la historia”, consideró el expresidente del ente que regulaba los servicios de comunicación audiovisual, y agregó: “Los medios comunitarios, de pueblos originarios y de frontera a los que nosotros apoyamos, capacitamos y financiamos son los que, apenas asumió este gobierno, dejaron de recibir todo tipo de apoyo, lo cual llevo a muchos de ellos a atravesar, desde hace un año y medio, una de las situaciones más críticas de su historia”.

“Nosotros no tenemos nada que esconder. Absolutamente todo lo actuado durante nuestra gestión al frente de la AFSCA fue por el camino correcto, a través de los mecanismos que establecía la ley y mediante todos los procedimientos legales correspondientes”, afirmó Sabbatella.

“Les molesta que, fruto de la aplicación de la ley, se hayan autorizado 56 radios y un canal de TV de Pueblos Originarios, 45 canales de TV de baja potencia reconocidos por primera vez en la historia, más de 60 radios en zonas vulnerables y más de 80 licencias adjudicadas a cableoperadores del sector sin fines de lucro. No se bancan que el Estado haya fomentado el desarrollo de medios de comunicación de organizaciones sociales y comunitarias de todo el país. No soportan que se hayan hecho más de 300 talleres de capacitación en formación profesional y promoción de la comunicación comunitaria, que formaron a miles de jóvenes en todos los rincones de la patria para que se empoderen de las nuevas herramientas comunicacionales y hagan oír sus voces. No les gusta que se hayan generado en todo el país espacios de debate, como los Encuentros de Comunicación Audiovisual, en los que miles de comunicadores del sector comunitario de todas las provincias pudieron compartir sus experiencias y potenciar sus producciones”, concluyó el dirigente kirchnerista.

Sabbatella: “Para enfrentar la violencia hacia las mujeres hace falta un Estado que se haga cargo de la problemática”

“Revertir y desnaturalizar las prácticas patriarcales, que prevalecen en nuestra sociedad desde hace siglos, es una tarea diaria que debemos asumir cada una y cada uno de nosotros, en el espacio público, en nuestras casas o en el trabajo; pero no caben dudas que son las instituciones del Estado las que tienen una responsabilidad mayor en la construcción de esa sociedad más igualitaria y menos violenta hacia las mujeres”, sostuvo esta tarde el titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, desde la marcha que se realiza en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la convocatoria nacional por “Ni una menos».

“Cada vez somos más los argentinos y argentinas que nos comprometemos a enfrentar la violencia sexista, misógina y patriarcal que sufren las mujeres, en cualquiera de los ámbitos de sus vidas, sea público o privado”, afirmó el dirigente kirchnerista. “Este pedido colectivo para que no haya ni una menos, es también un reclamo al gobierno nacional. Porque, además de los discursos comprometidos, hacen falta acciones concretas por parte del Estado, que apunten directamente a terminar con los casos de violencia y femicidios en nuestro país”, opinó Sabbatella y agregó que “un Estado ausente en materia de políticas de género y un Poder Judicial que opera mayormente bajo una lógica machista, no hacen más que avalar y reproducir la violencia a la que están sometidas las mujeres”.

Además, el titular de Nuevo Encuentro recordó que “durante los 12 años y medio de kirchnerismo hubo enormes avances en políticas de género; un profundo compromiso por garantizarle a las mujeres derechos que históricamente les habían sido negados. Por supuesto que quedaban muchas cosas por hacer pero existía un compromiso real, que se palpaba en políticas concretas, como la sanción y aplicación de la Ley de Violencia de Género”.

“Para encarar la violencia de género, es fundamental que evidenciemos y enfrentemos con seriedad los discursos y acciones violentas y discriminatorias hacia las mujeres, en todas sus formas, que permanentemente surgen y se reproducen desde los medios de comunicación, las fuerzas de seguridad o las instituciones políticas, sociales, educativas y culturales. Porque la violencia de género es consecuencia directa de las muchas desigualdades, naturalizadas en la mayoría de los casos, que sufren históricamente las mujeres”, concluyó el dirigente kirchnerista.

Sabbatella, junto a otros dirigentes de su fuerza política, acompañaron al Frente nacional de Mujeres de Nuevo Encuentro en la movilización de esta tarde. Además, columnas de compañeras de Nuevo Encuentro participaron en distintas provincias de la convocatoria que se replicó en todo el país.

Macha reclamó por las Fiscalías Especializadas en Violencia de Género

El bloque de senadores bonaerense del FPV-PJ, a través de la legisladora Mónica Macha, presentó en noviembre pasado un proyecto de ley para crear Fiscalías Especializadas en Violencia de Género, desde entonces la iniciativa se encuentra sin tratamiento por parte de Cambiemos en la cámara alta bonaerense. En el marco de la convocatoria y movilización bajo el lema #NiUnaMenos, la senadora Macha reclamó por el pronto tratamiento del proyecto de ley: “Hoy las fiscalías en violencia de género están trabadas en la comisión de Asuntos Constitucionales que preside la senadora macrista Nidia Moirano. Es urgente que la comisión trate el proyecto y se avance legislativamente para contar con una herramienta concreta que cuide a las mujeres de la provincia”.

Macha explicó que el proyecto “busca garantizar el acceso a la justicia por parte de las mujeres víctimas de violencia de género y luchar contra la impunidad de los femicidios”. La senadora kirchnerista cuestionó la falta de tratamiento en la legislatura: “A Cambiemos no le interesa en lo más mínimo trabajar contra la violencia de género y lo que es más grave aún, obstaculiza y bloquea las iniciativas de quienes queremos terminar con la violencia machista y la impunidad judicial. El Estado es responsable de los femicidios y hoy Cambiemos mantiene una postura patriarcal que lejos de combatir la violencia de género deja que se reproduzca en todo el país y en particular en el conurbano bonaerense”.

Además, la senadora Macha envió el pasado 8 de marzo el proyecto de ley a Julio Conte Grand procurador de la Provincia, consultándolo sobre su opinión al respecto pero no obtuvo respuesta alguna.

En las últimas semanas, numerosas cartas y notas se han presentado desde distintos Concejos Deliberante de la Provincia de Buenos Aires pidiéndole a la senadora Nidia Moirano a cargo de la comisión de Asuntos Constitucionales que incorpore al orden del día el proyecto de ley de Fiscalías Especializadas en Violencia de Género. Los distritos que han presentado notas son, entre otros: Necochea, Villa Gessell, Gral. Viamonte, Ituzaingó, Gral Villegas, Marcos Paz, Pergamino, Saladillo y Chascomús.

La iniciativa presentada por Macha propone crear al menos 21 Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio especializadas en Violencia de Género, una por cada departamento judicial, que tratarán casos de violencia por odio o identidad de género, contra mujeres, lesbianas, gays, transexuales, travestis, transgéneros, bisexuales e intersexuales, para lo que contarán con un equipo técnico interdisciplinario y especializado. El proyecto prevé además una capacitación obligatoria a todos los integrantes de esas unidades.

Desde el FPV-PJ, Macha encabezó junto a gremios, abogados y jueces el rechazo a la adhesión a la ley de riesgos de trabajo

Junto a representantes gremiales y miembros de distintas organizaciones de abogados y jueces laboralistas, la senadora del FPV-PJ, Mónica Macha, encabezó del Foro Provincial de Debate sobre la nueva Ley Nacional de Riesgos del Trabajo. En el encuentro analizaron los fundamentos por los cuáles la Provincia de Buenos Aires no debe adherir a la normativa.

“La nueva ley de riesgos del trabajo es un modo de la flexibilización laboral. Se piensa a los laburantes como máquinas que solo sirven mientras producen y son desechables porque hay miles buscando trabajo. El desempleo es una variable de ajuste. La otra variable es esta nueva ley que quieren imponer para que los trabajadores pierdan derechos y queden en una situación de profunda vulnerabilidad laboral”, sostuvo Macha. Y agregó: “Son derechos que en nuestro peores momentos no se ponían en discusión. Nos estamos organizando en buscar de articular con todos los espacios que defienden los derechos laborales. Como dijo Cristina, tenemos que estar donde están los problemas que sufre el pueblo y hoy, esta posible adhesión a la ley de riesgos del trabajo, es un problema real y concreto en la vida, el cuidado y la salud de miles de trabajadores. Es lamentable el desprecio que tiene el macrismo por los laburantes”

En el Foro representantes de distintos sectores expresaron su preocupación por el avance de la iniciativa de adhesión a la norma nacional que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados bonaerense. En ese marco, los expositores insistieron en la inconstitucionalidad y rechazaron la intención del oficialismo y sectores aliados que intentan tratar la iniciativa sobre tablas, sin el debido debate en las comisiones de la Cámara Alta.

Representantes de las organizaciones presentes junto a destacados especialistas en materia laboral elaboraron un documento conjunto en el que destacaron que la adhesión de la Provincia a la Ley nacional 27.348 es jurídicamente inviable, inconstitucional y contraria a las convenciones que consagran la protección internacional de los Derechos Humanos.

Asimismo, se planteó la necesidad de “lograr en la provincia una reforma del sistema integral de cobertura de riesgos del trabajo, que proponga una política de salud laboral basada en la prevención, con participación de todos los actores sociales”.

También se consideró que la adhesión a la ley nacional 27.348 propuesta desde el Frente Renovador y apoyada por Cambiemos en la Cámara de Diputados provincial, generará claros perjuicios a los trabajadores y trabajadoras bonaerenses imponiéndoles nuevos obstáculos al acceso a la justicia bajo el pretexto de «reducir la litigiosidad y los costos laborales».

En el documento conjunto se concluyó: «Los trabajadores necesitan una legislación centrada en la prevención de los riesgos de trabajo y en el otorgamiento de una cobertura integral e irrenunciable a través del Estado y en forma indelegable, para la reducción y/o la eliminación de la siniestralidad laboral y para la mejora constante de las condiciones y medio ambiente de trabajo».

Del evento, participaron las siguientes asociaciones gremiales: CTA de los Trabajadores; CTA Autónoma; CGT; CGT Corriente Federal; UPCN; CGT Regional La Plata, Berisso y Ensenada; SATSAID; SADOP; CTERA; SUTEBA; LA BANCARIA; SOEME; UTEDYC La Plata; ATE Capital; ATE Provincia de Buenos Aires; Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores; Federación de Químicos y Petroquímicos; SOEESIT; Sindicato Unificado de Trabajadores Municipales de Avellaneda (SUMA); Sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui; SOSBA; AERI; Sitramen Hipódromo.

Además, participaron las organizaciones profesionales: Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires; Foro Permanente de Institutos de Derecho del Trabajo de los Colegios de la PBA; Frente de Abogadxs de La Plata; Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio; Asociación de Abogados Laboralistas platenses; Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia del Trabajo de la Pcia. De Buenos Aires (AMATRABA); Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT); Grupo 14 bis; Unión de Abogados de Avellaneda; Instituto de Derecho del Trabajo del CPACF; Colegios de Abogados de: Moreno, Quilmes, Avellaneda, Lanús, La Matanza, San Martín, Junín, entre otros

Sabbatella apeló el procesamiento de Bonadío y reclamó que el juez sea apartado

Por la parcialidad, los prejuicios y la arbitrariedad del juez y las incongruencias en su fundamentación, los abogados Alejandro Rúa, Graciana Peñafort y Elizabeth Gómez Alcorta pidieron hoy la anulación del procesamiento de Martín Sabbatella y otros exdirectores de AFSCA y el apartamiento del juez federal Claudio Bonadío, interviniente en la causa en la que se investiga a los exfuncionarios por el inicio de la adecuación de oficio del Grupo Clarín.

Los letrados presentaron la apelación basándose en los argumentos esgrimidos por el propio Bonadío en su auto de procesamiento, y señalaron: “Si los dictámenes e informes son lícitos, si se cumplió el procedimiento, si los funcionarios actuaron dentro de la órbita de sus competencias específicas… ¿cuál sería el fin ilícito y/o persecutorio que se manifiesta en los mismos y que es considerado probado por el juez?”. “El procesamiento de todos nuestros defendidos es manifiestamente arbitrario e improcedente -explicaron Rúa y Peñafort en el escrito presentado hoy en Comodoro Py-. Se aparta por completo de los principios jurisprudenciales que exigen que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias comprobadas en la causa. Es contradictorio intrínsecamente. Con fundamentación aparente y puramente dogmática, alejado de los hechos y del derecho, se arribó a una solución apartada de la sistemática del código ritual en materia de fundamentación, como así también de sus normas expresas y de las normas de rango constitucional que protegen a toda persona contra el riesgo de afrontar un proceso con un juez parcial”.

Al pedir el apartamiento de Bonadío, los letrados explican que en los considerandos de su decisión el juez expone su prejuzgamiento al dar por hecho que la sanción de la ley buscó perjudicar el poder de actuación del grupo de medios y que para ello se creó el AFSCA y se designó a Sabbatella como “ejecutor del hostigamiento” (textuales del auto de procesamiento de Bonadío).

“En el caso puede verse que el magistrado instructor no solo posee ‘prejuicios’ sino una posición tomada respecto al contexto en el que se desarrollaron los hechos que investiga y ha determinado de antemano cuál es el rol que en su construcción hipotética le cabe a Martín Sabbatella y al resto de los procesados”, explican Rúa y Peñafort.

El viernes 26 de mayo, el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11 dictó el procesamiento de Sabbatella, Eduardo Rinesi, Ignacio Saavedra, Néstor Avalle, Claudio Schifer y otros tres directores por considerar que incurrieron en el delito de abuso de autoridad al iniciar la adecuación de oficio del Grupo Clarín. La medida había sido tomada por el Directorio de AFSCA luego de que se descubriera el intento del multimedios de conservar, a través de ventas y divisiones ficticias, el control de diez veces más licencias de servicios de comunicación audiovisual que las autorizadas por la ley 26.522. Luego de que Sabbatella hiciera públicas la maniobra de Clarín y el Directorio de AFSCA decidiera iniciar el proceso de adecuación de oficio, la empresa consiguió una nueva cautelar e inicio una demanda en el juzgado de Bonadío que derivó en el procesamiento de los exfuncionarios.

En la fundamentación del escrito, los defensores refutan los argumentos del magistrado: “A Clarín no se le rechazó la adecuación voluntaria por el vencimiento del plazo, sino por las irregularidades detectadas. No hubo diferencia de trato sino situaciones distintas. En ningún caso se comenzó la adecuación de oficio por el vencimiento de los plazos. Fue el denunciante el que en reiteradas oportunidades requirió la pronta finalización del trámite de adecuación. El criterio del AFSCA fue flexible con todos los grupos de medios, incluido el Grupo Clarín”.

En relación a Sabbatella, los abogados puntualizan: “No hubo por parte de Martin Sabbatella un abuso de autoridad. Llevó adelante, en su carácter de Presidente del Directorio del AFSCA, conductas lícitas para las que estaba expresamente facultado. Los argumentos esbozados en el procesamiento para dar cuenta de una supuesta arbitrariedad desconocen las múltiples constancias obrantes en los expedientes administrativos que fueron objeto de la instrucción y de cuya lectura se desprende con meridiana claridad que han sido cuanto menos mal interpretados, sino deliberadamente tergiversados por la voluntad de un juez instructor que claramente ha manifestado su absoluta, notoria e ilegal parcialidad respecto a nuestro defendido”.