5 julio, 2017

Campagnoli: “Logramos ponerle un freno al aumento del peaje en la Ciudad”

Un amparo presentado por el legislador obliga al gobierno a dar marcha atrás con la suba.

La Justicia porteña hizo lugar al amparo presentado por los legisladores José Cruz Campagnoli y Andrea Conde, de Nuevo Encuentro-FPV, y determinó la nulidad de los aumentos de peajes en las autopistas de la Ciudad (25 de Mayo, Perito Moreno e Illía) por su irracionalidad y su afectación abusiva a los usuarios del servicio. La empresa Autopistas Urbanas SA (AUSA) deberá presentar un nuevo cuadro tarifario en el plazo de cinco días hábiles.

La jueza Elena Liberatori tuvo especialmente en cuenta el argumento planteado por Campagnoli y Conde en cuanto a que el aumento dispuesto por el Gobierno de la Ciudad eran abusivos, ya que promedian entre el 60 y 80% y no encuentran justificación ni en la inflación pronosticada por el propio Gobierno para este año (17%), ni en el índice de los costos de construcción, ni en los aumentos salariales del sector (20%), ni mucho menos en relación al aumento que quieren imponer para los docentes (19%). Es decir, según ratificó la jueza, se trata de un aumento ilegal que no respeta ningún parámetro lógico.

“Celebramos el fallo de la Justicia que va en contra de los aumentos abusivos del peaje. Creemos que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta genera profundas desigualdades, aumenta 80% los peajes y le quiere dar el 19% de aumento a los docentes”, expresó Campagnoli. Y agregó: “Pedimos que el gobierno de la Ciudad cumpla el fallo, readecue las tarifas de manera racional y permita que los usuarios de la autopista no tengan que dejar un cuarto de sus sueldos en los peajes”.

Además, Campagnoli consideró que este tarifazo, al igual que el del resto de los servicios, afecta también a quienes viven fuera de la Ciudad: «Venir en auto a la Ciudad para quienes viven en la provincia cuesta alrededor de 2500 pesos mensuales. Esta suba, junto a las otras que impuso el gobierno de Cambiemos, representa un golpe directo al bolsillo de la población, que cada vez ve más vulnerados sus derechos».

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