Como en otros organismos del Estado, expulsar a personal calificado con hasta 20 años de antiguedad, no sólo deja en la calle y sin sustento a cientos de familias y sin aportes a quienes están al borde de jubilarse, sino porque estos despidos desmantelan y hacen fácticamente imposible sostener el trabajo con las provincias desarrollando programas nacionales de alfabetización, evaluación, FinES, las políticas de acompañamiento a las trayectorias estudiantiles y fundamentalmente la formación permanente de los docentes de todo el país.
Los despidos no se corresponden con evaluaciones de desempeño, ni parecen haberse tomado con conocimiento de las autoridades actuales de la secretaría de Educación, cuyos escasísimos nuevos funcionarios habían pautado reuniones de trabajo para las próximas semanas con quienes resultaron despedidos. Este tipo de violencia en las decisiones políticas del gobierno nacional tiene como antecedentes el no envío de fondos a las provincias para comedores escolares y copa de leche, infraestructura, creación de escuelas, becas estudiantiles, entre otros. Y el mismo día de los despidos, decide la eliminación definitiva del Fondo Nacional de Incentivo Docente mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 280/2024, en cuyo anexo 1 dispuso quitar del presupuesto los recursos previstos en el Fonid.
Nos solidarizamos con las y los trabajadores de la educación y las comunidades educativas que ven cercenados sus derechos, víctimas de las políticas deshumanizantes de un gobierno que, para que los números del ajuste cierren, no dudan en aplicar el resultado de una macabra planilla de Excel.
